La ciencia y las tecnologías son motores de cambio y el futuro del país depende de ello. En la Convención Constitucional lo saben y por eso se le está dando espacio en la discusión del nuevo texto que podría aprobarse en septiembre.

Por A. Fernández y P. Santibáñez

La ciencia está reconocida como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chile fue protagonista en su incorporación a este histórico documento de 1948, gracias al trabajo de su primer embajador ante la ONU, el diplomático Hernán Santa Cruz. Y ahora, en 2022, la oportunidad de hacer historia se repite, pero desde casa, a partir de la discusión para escribir una nueva Constitución para el país, donde se está considerando el valioso aporte de la ciencia para el desarrollo.

La semana pasada, el Pleno de la Convención Constitucional votó el segundo informe presentado por la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. De 25 artículos presentados, solo cinco fueron aprobados y otro logró pasar uno de sus incisos al borrador de la nueva Constitución. Algunos tendrán que volver a revisarse y quizás reformularse en las próximas semanas.

Hay un artículo en particular que despierta optimismo porque ya aseguró su entrada a la eventual nueva Constitución: el que consagra el derecho a participar y beneficiarse de los conocimientos.

“Es la primera vez en una Constitución en el mundo que se habla de los sistemas de conocimientos y no solo de ciencia. Es la primera vez que en una Constitución chilena se establece el derecho a los conocimientos”, escribió en su cuenta de Twitter la convencional y doctora en Ciencias, Cristina Dorador, una de las impulsoras de la iniciativa de norma que dio pie a este hito. Ese artículo al que se refiere establece que “toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho a participar libremente de la creación, desarrollo, conservación e innovación de los diversos sistemas de conocimiento y a la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios”.  

De aprobarse un nuevo texto para regir al país, esa consideración ampliaría lo que hasta hoy contempla la actual Carta Magna en su artículo 19, el que se refiere al deber del Estado de “estimular la investigación científica y tecnológica”.

Ciencia para resolver problemas fundamentales

Ariel Orellana, vicerrector de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello (UNAB), dice que es “esperable” que la nueva Constitución recoja al menos la importancia del fomento y desarrollo de la ciencia. Como las discusiones continúan, destaca que sería beneficioso que exista la posibilidad de “dejar un acápite independiente donde se haga referencia solamente al desarrollo de la ciencia y la investigación científica, además de la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica”, porque “podría ayudar a definir de mejor manera el desarrollo de estos ámbitos en el contexto nacional”.

Para Juan Eduardo González, Gerente de Estrategia Comercial de Microsoft Chile, la ciencia es “la que ayudará a solucionar, si no todo, una buena mayoría de los problemas que tenemos hoy y que tendremos a futuro”, como la crisis hídrica, la contaminación, el cambio climático e incluso nuevas pandemias.

De hecho, el acceso a la ciencia, tecnología y conocimiento está entre los pilares que sostiene un documento que Microsoft elaboró el año pasado y que recoge siete aspectos mínimos que la Constitución debería incluir, pensando sobre todo en las nuevas demandas de capital humano.

“En los próximos cinco años estimamos que la fuerza laboral global puede absorber alrededor de 149 millones de nuevos empleos orientados a la tecnología. El desarrollo de software representa la mayor parte de este pronóstico, pero los roles en campos relacionados como el análisis de datos, la seguridad cibernética y la protección de la privacidad también están a punto de crecer sustancialmente”, advierte la compañía, la que además destaca la necesidad de que las autoridades implementen programas que apunten a fortalecer e incrementar la ciencia informática, la ciencia de los datos, la ciberseguridad y la educación en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en todo el sistema educativo, poniendo énfasis en poblaciones estudiantiles subrepresentadas.

Frente a eso, la Constitución es un buen punto de partida, dice González, y también una gran oportunidad para acortar las brechas que hoy existen. Orellana coincide y plantea que después es tarea de las leyes definir lo que se busca “con más precisión”, de la mano de los distintos órganos del Estado como la ANID, CORFO y otros que “debiesen gestionar los instrumentos de fomento y apoyo al ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación”.

Descentralizar

González advierte que “si no quedan bien definidas ciertas jurisdicciones, la desigualdad en base a la ciencia y tecnología ganará más obstáculos que oportunidades”. Sobre eso también reflexiona Orellana, en línea con la forma en que se ha conducido el desarrollo del país, junto al desarrollo científico y tecnológico. En marzo, la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado presentó un documento de 546 páginas llamado “Chile tiene su futuro desde sus territorios”, que entre otras cosas revela que el 65% de la producción científica se hace únicamente en la Región Metropolitana.

“Quizás uno de los lineamientos podría ir en pos de generar las condiciones de un desarrollo más armónico de la ciencia y la tecnología en todo el país”, plantea Orellana, sobre algo que a sus ojos permitiría aprovechar las oportunidades que existen en cada una de las regiones de Chile, “promoviendo un desarrollo progresivo en los distintos territorios y acorde también a la realidad de cada uno de ellos”.

Por último, Orellana considera que es clave que las discusiones sigan avanzando siempre con una mirada global. Eso puede contribuir a que Chile sea un país más competitivo, pero no es lo único, advierte: “Para ser competitivos a nivel global no basta con un apartado en la Constitución. Hay todo un trabajo de por medio, de desarrollo de capital humano, infraestructura, capacidades y más, en el que las instituciones de educación superior, privadas y estatales por igual, tenemos un rol muy relevante”.