El 24 de febrero el Pleno de la Convención aprobó en general un artículo que establece que “toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios”. Es un paso histórico que abre la puerta a la discusión sobre cómo adaptar la educación a los nuevos desafíos que impone la transformación digital.

Según el 1er Barómetro del Bienestar Digital, desarrollado por Fundación Nativo Digital en conjunto con Movistar Chile, 70% de los chilenos asegura tener un conocimiento “profundo o completo” del mundo digital. Pero en la práctica, esa afirmación no es muy realista: 76% de esos usuarios afirma que sus datos se encuentran seguros; 74% acepta cuentas de desconocidos en redes sociales; y 61% declara que todo lo que está en Internet es verdad.

Esta baja percepción de los riesgos en el mundo online, que también ha sido advertida por otros estudios, evidencia que no es tan completo ni tan profundo el conocimiento que las personas dicen poseer sobre el mundo digital. Y eso se da en un contexto donde la cordialidad y buenas prácticas no siempre están presentes. Así lo revela la última edición del Índice Global de Civilidad Digital (ICD), un estudio de Microsoft a partir de encuestas a adolescentes y adultos de todo el mundo, que concluyó que las percepciones sobre el estado general de la civilidad en línea en Chile empeoraron durante la pandemia, según apreciaciones del 30% de los encuestados.

Por eso, desde distintos sectores insisten en que educar es la clave, con un componente que debe incluirse obligatoriamente en los planes de educación. En ese escenario fue que la discusión llegó a la Convención Constitucional.

Un grupo de académicos e investigadores de la Universidad de Chile propuso una iniciativa de norma precisamente en esa línea, pero no logró las firmas necesarias para que su contenido se discutiera. Impulsada por el profesor Didier de Saint Pierre, la iniciativa Chile Digital recomendaba, entre otras cosas, garantizar el acceso universal a las redes digitales de información y a los servicios que éstas otorgan, así como el derecho a la alfabetización y a la educación digital. Solo contó con el apoyo de un poco más de tres mil “entusiastas”, escribió el académico en su cuenta de Twitter, y añadió que aunque no pasó a la siguiente etapa, cree que con la propuesta lograron “educar acerca de la importancia de ver estos temas en la Constitución e instalar la mirada de Chile como una República Digital en la agenda política”.

Eso pudo haber sido un impulso que explica lo que pasó este jueves 24 de febrero en el Pleno de la Convención: se votaron en general 30 propuestas de normas enviadas por la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Solo 13 de ellas lograron conseguir el quórum de 2/3 y pasar a la siguiente etapa, y ahí estaba el artículo 22, que establece que “toda persona tiene el derecho a la educación digital, al desarrollo del conocimiento, pensamiento y lenguaje tecnológico, así como a gozar de sus beneficios”, y que pone sobre el Estado la responsabilidad de asegurar “que todas las personas tengan la posibilidad de ejercer sus derechos en los espacios digitales, para lo cual creará políticas públicas y financiará planes y programas gratuitos con tal objeto”.

Adaptarse al nuevo escenario

Si Chile logra una nueva Constitución, regirá en lo que se ha denominado como la Cuarta Revolución Industrial. Y en ese escenario, la educación debe estar acorde a las nuevas demandas, señala Macarena Ramírez, Directora de Educación de Microsoft Chile. “Estamos ante una gran oportunidad para acelerar la transformación digital y la modernización, y mientras la economía se vuelve cada vez más digital, es más necesario un compromiso renovado con la educación y con las habilidades digitales. Así que mientras antes empecemos a trabajar en el desarrollo de este tipo de habilidades, mejor preparados vamos a estar como país para aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten”, sostiene la ejecutiva.

Para Ángel Izurieta, socio líder de Consultoría en Tecnología de EY, el tema es pertinente ante los procesos de transformación digital que vive la sociedad actual, los que requieren una reconversión de las habilidades. Por eso cree que es fundamental que una eventual nueva Constitución considere a la alfabetización digital dentro de sus derechos relacionados con educación, para entregar acceso y entrenamiento a todas las personas, y que esto “les permita una inserción laboral con conocimientos digitales”.

Coincide Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile (IdDC), quien analiza el tema desde las necesidades que están teniendo las empresas en el nuevo mundo digital, y dice que “no se puede concebir la educación sin que ésta integre la alfabetización digital para todos”, especialmente considerando que la digitalización abrió las puertas a un lenguaje que está redefiniendo las formas de comunicación entre las personas y el funcionamiento de las organizaciones.

Desafíos inmediatos

Hablar de educación digital es muy amplio, y ese es el primer desafío que observa Ramírez. En paralelo al debate constitucional cree que se debería profundizar en el debate sobre cuál tipo de educación es relevante y hacia dónde debe orientarse, además de avanzar en un plan para preparar adecuadamente a los docentes. “Estas temáticas pueden ser más modernas para algunos y eso hay que considerarlo para que los niños a los cuales ellos están educando también puedan sumergirse en este tipo de contenidos”, sostiene.

Gajardo pone la luna en la importancia de incluir la alfabetización digital como un pilar de la educación desde la etapa preescolar y especialmente durante la escolar y secundaria, subrayando que quienes no entiendan cómo moverse en un mundo donde dominará el lenguaje digital, se verán limitados en el desarrollo de sus talentos.

“Para llevar esto a cabo se requiere una decisión del Estado de hacer de este un tema prioritario, pero eso no tendrá resultados si no se integran las visiones de distintos expertos y actores públicos y privados que puedan orientar este proceso desde sus experiencias y conocimientos”, señala la directora ejecutiva de IdDC.

Ramírez cree que tampoco podrá materializarse si no se terminan de acortar las brechas de conectividad: “Superar ese desafío es fundamental”.

En esa línea, Izurieta dice que todo está directamente relacionado al derecho de acceso a Internet como base: “Si tenemos el contenido, pero la población no tiene como recurrir a él, tampoco se consigue el objetivo de alfabetización digital”.

Otro reto clave para el ejecutivo es cómo generar “contenido suficiente y que se actualice de manera recurrente, dada la velocidad del cambio y el avance de las tecnologías”.

La discusión de los contenidos también es importante para Ramírez, quien insiste en la necesidad de delimitar qué se va a enseñar y cómo, porque los temas tecnológicos pueden ir “desde mover una rueda, pasando por programar un código en un computador y desarrollar proyectos con Inteligencia Artificial”.

A sus ojos, hay luces importantes en el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, impulsado por el Ministerio de Educación y con participación ONGs y empresas como Microsoft, para promover la enseñanza del pensamiento computacional y la programación en el sistema educativo y así potenciar las habilidades de resolución de problemas e innovación en ambientes tecnológicos. También, en los aprendizajes obtenidos a partir de Microsoft MakeCode, una plataforma para acercar la informática a los alumnos con proyectos divertidos. E incluso a partir del trabajo en conjunto con organizaciones como Code.org, con quienes tienen varias alianzas para enseñar a estudiantes a programar desde muy temprana edad.